Piden hasta 8 años de cárcel a once acusados de estafa, extorsión y falsedad

Según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, el principal acusado Pablo C.R., dedicado a la construcción y promoción de viviendas, había tenido relaciones laborales con el también imputado y promotor Pedro R.R., lo que provocó "desavenencias" por la "pésima gestión" económica del primero. En octubre de 2006 y días antes del vencimiento de un pagaré por 4,1 millones de euros que debía Pedro a Pablo, éste le mandó a dos personas que le amenazaron, una acción que se repitió en noviembre del mismo año, cuando cinco personas se dirigieron a las oficinas de P.R.R y le amenazaron con matar a sus hijos y "rajar" a su secretaria si no pagaba. La violencia se repitió el 21 de noviembre del mismo año cuando un constructor al que Pablo le debía dinero se personó en sus oficinas para reclamarlo, momento en el que el también acusado Francisco Antonio H.G., con otros empleados, le propinaron una paliza de la que tardó cinco días en curar. Pedro y Pablo, como administradores de una mercantil, iniciaron en Las Gabias (Granada) una promoción de viviendas y ocultaron que no eran propietarios del solar y que carecían de licencia de obras. Como reserva de las viviendas, los dos recibieron más de 211.000 euros de trece compradores hasta que Pedro transmitió el solar a Pablo y éste lo otorgó a Francisco Antonio, un cambio de titularidad que no se inscribió en el Registro de la Propiedad. Para lograr financiación, Pablo y Francisco Antonio recurrieron a un intermediario también acusado, Vicente G.C., que gestionó un préstamo con el acuerdo del director de un banco, el acusado José Juan A.G., conscientes todos de la insolvencia de la empresa. Para lograr la póliza, aceptaron un documento de balances contables falso que confeccionó la prima y secretaria de Pablo, Concepción C.R., por lo que obtuvieron más de medio millón de euros. La trama continuó con un nuevo proyecto urbanístico en La Zubia para 69 viviendas, para lo que los acusados Francisco Antonio y Francisco Javier M.A. pagaron 60.000 euros al también imputado Víctor Bernardo L.R., arquitecto del Ayuntamiento y que emitió un informe favorable a la promoción. En 2007, la Policía Local de Granada detuvo al volante de un porsche propiedad de Pablo al acusado Juan C.C., coche en el que llevaba una pistola propiedad de su hermano y acusado Mario C.C., de la que disponían los tres presumiblemente para extorsionar. La Fiscalía ha calificado los hechos de los delitos de lesiones, tenencia de armas, extorsión, estafa, falsedad de documento público y cohecho activo y pasivo, por el que los once serán juzgados desde el próximo 18 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia