El PSOE presenta una moción sobre emigrantes retornados y otra del anteproyecto de ley del aborto

Los socialistas piden que desde el Ayuntamiento zubiense se inste al Estado para que la Agencia Tributaria no inicie ningún expediente sancionador sobre pensiones de los emigrantes retornados no declaradas en el IRPF, cerrar de oficio los expedientes abiertos, así como desarrollar por parte del Estado una campaña informativa sobre las obligaciones tributarias de los emigrantes retornados y del tratamiento fiscal de las rentas y pensiones que perciben. También solicitan la ampliación de los plazos tanto referente al periodo de pago como a la cuantía a liquidar, a interés cero, permitiendo de ese modo la regularización de la situación del pensionista emigrante con la Administración de Hacienda de la "forma menos dolosa". Los socialistas, que presentaron en el pleno de 26 de diciembre de 2013 del Ayuntamiento de La Zubia las dos propuestas de acuerdo, lamentan que el equipo de gobierno del PP-APZ no contestara y que el alcalde se limitara a decir que lo haría por escrito. La segunda propuesta de acuerdo, firmada también por la portavoz del grupo, Mercedes Díaz Aróstegui, pide que se considere la petición para que el Ayuntamiento de La Zubia se posicione en contra de la ley de modificación del aborto ya que supone "una agresión, otra más a la libertad y a la dignidad de las mujeres. Esta ley supone un retroceso inaceptable que tutela a las mujeres y las culpabiliza", indican desde el grupo municipal socialista, y exigen a la concejala presidenta del consejo local de la mujer que se posicione para que "entre todos y todas consigamos que este anteproyecto del gobierno, no llegue nunca a ley". En cuanto a los inmigrantes retornados, el PSOE ve necesario que la Agencia Tributaria aclare el tratamiento fiscal que deben tener estas rentas, para que conozcan con exactitud sus obligaciones fiscales y que se les ayude a regularizar su situación. Ven preocupante que se inicien estos expedientes sólo en algunas comunidades autónomas y por rentas obtenidas también en algunos países, rompiendo el principio de igualdad de trato ante la Ley. Consideran "bastante injusto" que se castigue con máxima dureza a personas que por ignorancia hayan podido incumplir la Ley mientras que los beneficiados por la amnistía fiscal, hayan recibido por parte de este Gobierno asesoramiento, con un gravamen real del 2%, sin sanciones y sin demora, y a los emigrantes retornados, que no han querido defraudar, se les exige que paguen el gravamen que les corresponda, sanciones, intereses de demora y recargos. Mantienen que los emigrantes retornados "se sienten agredidos y decepcionados por el trato que se les está dispensando", según afirman a través de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER) porque "son emigrantes y no defraudadores y la solución a la crisis no es robar a la emigración" ya que ellos "ayudaron a España en los 60 y 70 con la llegada de sus divisas y ahora se les compensa con multas y sanciones injustas". Una medida, indican, que "sólo parece tener un afán recaudatorio". Díaz Aróstegui defiende la moción porque a muchos ciudadanos españoles, mayoritariamente de Galicia y Andalucía, se les está comunicando por la Agencia Tributaria, el inicio de "expediente de gestión tributaria de comprobación limitada". La motivación de dichos requerimientos es la no declaración de pensiones que percibieron del extranjero desde el año 2008, último no prescrito. También se les ha notificado, a algunos de ellos, las comprobaciones de años posteriores y el inicio de un expediente sancionador por no haber declarado en su día la renta percibida. Las multas se están extendiendo incluso a los familiares de emigrantes fallecidos. Según los socialistas, tales hechos "han causado no sólo estupor sino indignación entre los emigrantes retornados y sus familiares", ya que siempre se les había informado de que estas rentas no tenían que ser declaradas en el IRPF; eso es por lo menos lo que la Administración les había hecho llegar a través de las Delegaciones Provinciales de la Agencia Tributaria, como lo demuestran los borradores que aportaba Hacienda para hacer la Declaración de la Renta. Un hecho sin precedente, donde los afectados son personas mayores, que emigraron al extranjero durante los 50, 60 y 70 para buscar una vida mejor que aquí en España no encontraban y decidieron irse lejos de sus casas, de sus pueblos y en muchos casos lejos de sus familias, pero por otra parte, son personas con escasa cultura tributaria que siempre se han preocupado por cumplir con España y que siempre se les manifestó por parte del Estado que estas rentas estaban exentas de tributación en nuestro país. Por tanto, si los emigrantes retornados no conocían esta información por parte de la Administración, difícilmente puede haber intención de defraudar, así que no existe culpa, ni siquiera negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así no puede haber ni sanción, ni multas. Mantienen que la propia Comisión Europea, el 6 de noviembre, informa de que "incoará procedimientos de infracción contra los estados miembros que discriminen a los pensionistas emigrantes" y que están "examinando leyes fiscales para detectar indicios de medidas discriminatorias", y que les parece a todas luces "injusta la situación que están padeciendo los pensionistas españoles retornados que padecen una doble imposición".