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Inma Sánchez
Miércoles, 20 de abril 2016, 11:01
Algunos inquilinos de la urbanización han criticado el elevado precio de los alquileres (de 300 a 400 euros) y de la cuota de la comunidad (hasta 60 euros en algunos casos), así como la ausencia de presidente de la comunidad, gestión que realizan desde Visogsa, la empresa provincial de Vivienda y Suelo de La Diputación de Granada, responsable de la construcción de los edificios. Una situación que retrasa y limita la solución de los problemas que afectan a los bloques, además de la dificultad que tienen los vecinos para trasladárselos a Visogsa y que se les dé solución.
Los vecinos, algunos desempleados, critican el excesivo coste de los alquileres para unas viviendas de protección oficial, así como el de la comunidad, con apenas servicios, sin piscina y sin zonas comunes. No entienden que les hagan pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuando se trata de viviendas en alquiler con derecho a compra. Razón por la que algunos se han visto obligados a dejar de abonarlos ante la falta de recursos. Los desperfectos se amontonan ante la ausencia de un presidente de comunidad: una planta entera sin iluminación, la puerta de unos de los aparcamientos rota, ocho meses sin agua caliente en uno de los portales, placas solares que no funcionan, suelos de parquet que se pican, antenas en mal estado... Los responsables de la plataforma consideran que los precios de los alquileres y de la comunidad deben ser proporcionales a los ingresos familiares, "algo que no se cumple en estas viviendas". No comprenden que la Diputación se "desentienda", una institución que debería ser "sensible y dar respuesta" a los problemas económicos que están afectando a la población.
Paco Sánchez, de la plataforma, ha explicado que han acudido a Diputación solicitando información sobre las casas deshabitadas en la urbanización para destinarlas a alquileres. Asegura que la respuesta de los responsables de Visogsa fue negativa, "cuando hay viviendas libres". Stop Desahucios considera que muchas personas afectadas por los desahucios tendrían solucionado su problema de habitabilidad alquilando a "precios razonables" estas viviendas. La plataforma está realizando un informe sobre las casas vacías de las empresas de viviendas para presentar una iniciativa que dé respuesta a las familias con problemas de habitabilidad. Stop Desahucios considera que deben ser los vecinos quienes gestionen la comunidad y que el presidente debe ser alguien del bloque, porque ?entienden- que de esa manera se solucionarían los problemas cuanto antes, y que se debe reducir el precio de los alquileres y de la comunidad. La situación es tan extrema que algunos de los vecinos están pensando en buscar "algo más barato". Tanto los vecinos como la plataforma piden más implicación a los responsables municipales. Stop Desahucios La Zubia atiende cada martes a los vecinos del municipio y de los pueblos de la comarca afectados por problemas con las hipotecas o el pago de alquileres desde las 19:30 en el Centro Miguel Hernández.
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