Nuevos productores preparan la segunda querella contra la empresa de setas

Los productores estudian incorporar en esta segunda denuncia una novedad, que aún están valorando, y que "podría confirmar la actuación irregular" de Francisco Cuesta, responsable de la firma. La segunda querella, interpuesta por productores de distintos pueblos del área metropolitana, se centra además en la posible comisión de un presunto delito de cohecho contra el alcalde de La Zubia, el popular Antonio Iglesias, al haberse acreditado la contratación de su yerno en la empresa de las setas.

16 vecinos de La Zubia y de otros pueblos del área metropolitana granadina presentaron en junio una querella ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Ayuntamiento zubiense por un presunto delito de prevaricación y cohecho, y contra la empresa Tecnología de Cultivos Asociados La Zubia S.C., por estafa. El proyecto empresarial para la creación de una industria de setas en el pueblo nació a principios de año auspiciado por el Ayuntamiento local. El empresario, que no figura en ninguno de los documentos, se comprometió a enseñar a los parados de la Zubia interesados en cultivar los hongos en naves o en sótanos todo lo relativo a la producción de las setas, así como a comprarles el género para distribuirlo en diferentes establecimientos de la provincia.

Productores de La Zubia denunciaron a los pocos meses la falta de seguimiento de la empresa, al tiempo que solicitaban al regidor su intermediación ante los empresarios. Poco tiempo después comenzaron a sumarse cultivadores de otros pueblos como Atarfe, Las Gabias, Pinos Puente, Monachil, Dílar, Peligros, Purullena, Padul, Baza, Huétor Santillán e incluso de Almería, entre otros, que dudaban de la viabilidad de la empresa, llegando a estimar que la cantidad defraudaba superaba los 100.000 euros, más el dinero destinado al alquiler de naves, estanterías y demás material para la producción de los hongos. El alcalde y los ediles del Ayuntamiento zubiense han mantenido reuniones con el empresario sin alcanzar ningún acuerdo ni compromiso, por lo que los cultivadores confían en que sea la justicia la que determine las responsabilidades.