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Inma Sánchez
Miércoles, 20 de abril 2016, 10:44
Los afectados por la empresa Tecnología de Cultivos Asociados La Zubia S.C. estiman que la cantidad defraudada puede alcanzar los 300.000 euros. Cada uno de los casi cincuenta cultivadores ha entregado a la firma liderada por Francisco Cuesta una cantidad para la memoria o proyecto que ronda los 1.300 euros, más el dinero dedicado al alquiler de naves, estanterías y demás material para la producción de los hongos, cifra que ronda los 3.500 euros por persona. Incluso hay quienes superan esa cantidad, llegando a los 7.000 euros.
A la denuncia contra el Ayuntamiento de La Zubia y la empresa ante la fiscalía del TSJA se suman las de vecinos y productores de otros pueblos. Varios afectados entregaron al alcalde y concejales en el último pleno celebrado en La Zubia una memoria donde aportan datos sobre los propietarios de la empresa, con enlaces en internet con información sobre deudas en Málaga y Levante. Uno de los afectados explicó en el pleno la situación de los productores "asfixiados por alquileres y gastos", de los que muchos, "sumidos ya en una depresión, no se atreven a denunciar por estar cobrando el paro". Criticó que tras nueve meses de un proyecto "en el que creían y por el que han trabajado duro" se encuentran con que no pueden contactar con los responsables, con setas pudriéndose y sin saber por dónde tirar. Tanto él como otros afectados instaron al alcalde, Antonio Iglesias, a mediar para encontrar una solución.
Muchos estudian continuar con el proyecto a través de una cooperativa, por lo que pidieron al regidor la nave que el Ayuntamiento cedió a los empresarios. Todos los cultivadores han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la firma esté pendiente de recibir una subvención de la Junta de Andalucía para formación y "que sigan engañando a más gente".
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento zubiense, José Torregrosa, asegura que la nave cedida por el Ayuntamiento a la empresa para la recogida y embasado de las setas lleva dos días cerrada, "aunque oficialmente no tenemos información". Mantiene, no obstante, que el Ayuntamiento está dispuesto a asesorar legal y jurídicamente a los afectados de forma gratuita, si han sido estafados.
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