Ediles socialistas solicitan el abono de la parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas

Según el edil socialista Roberto Saiz, tras las elecciones municipales de mayo de 2011 el actual equipo de gobierno les denunció ante Fiscalía, reclamación que no se admitió a trámite, por apropiación indebida de dinero y material municipal, ante lo que ellos optaron por revisar la liquidación percibida. Tras comprobar que el finiquito estaba "mal hecho" optaron por denunciar a su vez, incluyendo la parte proporcional de las vacaciones y el gasto de la defensa.

Según reza la demanda, la entonces alcaldesa Mercedes Díaz Aróstegui, y los ediles Roberto Saiz y María Dolores Martín Sánchez solicitan al Ayuntamiento el pago para la exregidora de 2.050 euros; 1.829 euros Roberto Saiz y 1.475 euros María Dolores Martín, entonces edil de Cultura, por la liquidación mal hecha y el gasto de la defensa. "No es que hayamos solicitado el pago de las vacaciones que no disfrutamos, sino la liquidación de la parte proporcional, insiste Saiz, entonces ex edil de Economía.

Los socialistas aseguran que detrás de la denuncia de PP y APZ prevalece el intento de ocultar el aumento del 42% en el salario del actual edil de Economía, José Manuel Quesada, el incremento del 72% en el cobro de la asistencia a juntas de gobierno y el sueldo del alcalde, Antonio Iglesias, que "decía cuando llegó que no iba a cobrar porque percibía la jubilación, y que ahora se pone un sueldo que cuesta a las arcas municipales cerca de 60.000 euros anuales". Todo esto tras despedir a 10 trabajadores alegando falta de dinero. La edil socialista, Mercedes Díaz, admite que la denuncia incluye el pago al abogado y el "derecho constitucional de todos los trabajadores a recibir su finiquito", un derecho que no se puede "vulnerar y que el equipo de gobierno quebranta constantemente", incluso con los 20 empleados municipales que han despedido en lo que llevan de mandato, "negándose a abonarles su finiquito".

José Torregrosa, actual primer teniente de alcalde, critica la actitud de los socialistas, que estando en el gobierno percibían 54.451 euros anuales, la alcaldesa; 40.272 el entonces edil de Economía, y 34.080 euros la responsable de Cultura. No entiende que los concejales actúen "como empleados públicos, olvidando que son cargos políticos a los que se accede y cesa cuando lo decide la ciudadanía". José María Medina Jorges, portavoz del equipo de gobierno, mantiene que los concejales tenían previsto estar en sus cargos toda la vida "por eso no cogieron las vacaciones olvidando que en el mes de mayo había elecciones municipales y los vecinos podían decidir si seguían o no en el cargo o los enviaban a la oposición, como así ha sido". Denuncia la actitud del PSOE, que aplica la "ley del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás". Torregrosa señala que la denuncia inicial ante Fiscalía fue por el cobro de trienios y asistencia a tribunales. Admite que quizá no se llevó a cabo por el procedimiento adecuado, pero insiste en que los socialistas pretendían cobrar las vacaciones no disfrutadas "cuando no son funcionarios ni personal laboral".