La Fiscalía investiga a una edil de La Zubia por el supuesto cobro irregular de su sueldo

La diputada y portavoz popular en el municipio, Inmaculada Hernández, ha recordado que su partido puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público y que también acusa al alcalde, Antonio Molina, de haber consentido esta situación para mantener el acuerdo PSOE-Podemos por el que alcanzó la alcaldía.

El presunto cobro irregular de quien durante este año ha sido concejal de Igualdad, Menores, Tráfico, Transporte y Movilidad se remonta precisamente al pleno de organización en el que se aprobó para la socialista una dedicación exclusiva parcial al 55 % con un salario de 11.200 euros, supeditada a que esta recibiera la compatibilidad y autorización del SAS.

Según Hernández, esa autorización nunca se produjo y, de hecho, tras revisar el expediente comprobó que sólo consta un párrafo tipo en el que el SAS asegura que el reconocimiento de la compatibilidad no es necesario cuando no hay dedicación exclusiva.

"En este caso la hay, aunque sólo sea al 55 %", ha puntualizado la portavoz del PP, que considera que como consecuencia de esa falta de autorización la concejala habría cobrado por partida doble, del ayuntamiento y del SAS durante un año, algo que es ilegal.

El PP considera "llamativo" que cuando comenzó a indagar en torno a la situación de la concejala se produjera, pasado un año, la renuncia expresa de la socialista a buena parte de sus responsabilidades y a su sueldo, así como su petición de que fuera dada de baja de la Seguridad Social.

"¿Pero qué pasa con el sueldo presuntamente irregular cobrado durante un año?", se ha preguntado la portavoz popular, que ha dicho que la propia concejal socialista en el último pleno aseguró que no tenía intención de devolver ese dinero porque a su juicio no se había cobrado indebidamente.

Una vez abiertas diligencias por parte de la Fiscalía, el PP cree que se trata de una cuestión que tendrá que dirimir la administración de justicia.

Sin embargo, desde el punto de vista político, los populares ya adelantan que, si se demuestra la irregularidad, la devolución del dinero ya no será suficiente, sino que exigirán a la concejala que asuma su responsabilidad con su dimisión.