El lunes se publica el censo electoral en el Ayuntamiento

El Ejecutivo ha aprobado ese gasto extraordinario para afrontar el próximo proceso electoral, que no estaba previsto en los Presupuestos Generales del Estado. Los comicios del 20 de diciembre del año pasado costaron 136 millones de euros, de los que 49 millones fueron para el envío de propaganda electoral. Otros 17,3 millones se gastaron en realizar el escrutinio provisional y en los medios informativos y 12,7 millones de euros más costó el despliegue de 90.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad.

Para pagar a los miembros de las mesas electorales se destinaron unos 11,7 millones de euros, 370.603 euros fueron para urnas y cabinas y alrededor de 2 millones a montarlas y desmontarlas. Imprimir las papeletas, sobres y otros documentos como los listados del censo alcanza los 6,3 millones, y empaquetarlos y distribuirlos más de 1,3 millones. En torno a los 200.000 euros supone almacenar todo el material electoral, que a su vez cuesta otros 230.000 euros, además del gasto en artículos de oficina, unos 288.000 euros.

Cien mil euros más, es decir, alrededor de 381.000 euros, es la inversión para la campaña de publicidad institucional de elecciones, al tiempo que adecuar las instalaciones del centro de difusión de datos se lleva 900.000 euros. Algo menos, 860.000 euros, se destinan a imprevistos, y en torno a un millón de euros queda contemplado como fondo de contingencia.

Al margen de esta modificación de crédito, el Consejo de Ministros aprobó el pasado año otra modificación de 1.638.477,72 euros para el Ministerio del Interior, con el fin de atender el pago relativo a la financiación de los partidos políticos y la seguridad de sus sedes durante el período comprendido entre los días 21 y 31 de diciembre, es decir, desde la celebración de elecciones, el pasado 20 de diciembre, hasta el final de año. Dinero que se reparte según la distribución de escaños resultante de las elecciones y que quedó sin ejecutar durante el pasado ejercicio. El Consejo de Ministros aprobó el pasado seis de mayo destinar 38 millones de euros para compensar a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos sus obligaciones de servicio público como prestador del servicio postal universal en las elecciones generales del 26 de junio.

Según la información facilitada por el Ejecutivo, Correos tiene la condición de operador designado por el Estado para la prestación de este servicio y le corresponde prestar los servicios postales necesarios para el desarrollo normal del proceso electoral en curso. Así, se ha previsto una compensación a Correos de 38 millones de euros por el gasto en el que incurrirá dicha sociedad por el cumplimiento de estas obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los costes reales de los servicios prestados.