La Agrupación Popular de La Zubia denuncia la legalización del 'chalet' de un exalcalde popular

La edil de Urbanismo asegura que se ha aplicado la ley, que considera que el sótano no es legal, y que por eso se ha inutilizado

Inma Sánchez Ortega 02 Jun 2016

La Agrupación Popular de La Zubia (APZ) ha denunciado que el alcalde de la localidad, Antonio Molina (Ganemos La Zubia), ha legalizado una obra en el Parque Natural de Sierra Nevada que el propio Molina calificó en su etapa de concejal como «atentado», exigiendo que fuera demolida. El 'chalet' está situado en la Reserva Natural del Barranco de Corvales y causó la dimisión del anterior alcalde popular Antonio Iglesias, por ser su promotor.

El portavoz de APZ, José Torregrosa, no comprende que el actual regidor -que gobierna en coalición con el PSOE-, y su junta de gobierno, concedan la licencia de obras y hayan legalizado el mismo proyecto que, cuando Molina era concejal de la oposición, calificó como uno de los mayores atentados al Parque Natural, pidiendo su demolición y la dimisión del promotor.

La primera teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Purificación López, asegura, por contra, que lo único que se ha hecho es aplicar la ley. La sentencia dice que la nave de aperos es legal, aunque obliga a inhabilitar el sótano, que se considera inutilizado con una altura inferior a los 2,20 metros.

Argumenta la edil que el arquitecto municipal ha firmado un informe donde explica cómo debe rellenarse el sótano de forma que se cumpla la sentencia y se deje en 1,70 metros. Insiste en que se convocó la junta de portavoces para hacer cumplir el fallo judicial «independientemente de quién fuera el propietario de la obra». Y que lo que se ha hecho es cumplir la sentencia «con el informe técnico en la mano».

López señala que no se ha alterado el espíritu de la sentencia y que, como medida preventiva, el arquitecto debe supervisar la obra, que se aprobó en junta de gobierno, el órgano donde se aprueban las licencias de obras.

Según denuncia el portavoz de APZ, la licencia de legalización se concede a propuesta del propietario, el exalcalde popular de La Zubia, para dar cumplimiento a una sentencia. La resolución del juzgado declaraba ilegal la planta semisótano y exigía a su vez que esta planta debía de quedar inutilizada. Para el cumplimiento de este fallo, la propia sentencia determinaba que el Ayuntamiento podía establecer los condicionantes adicionales que asegurasen la inutilización de la citada planta, así como que la estructura cumpliera su destino de caseta de aperos.

Insulto a la inteligencia

Para APZ, con esta licencia de obras el alcalde de La Zubia, Antonio Molina, y la concejala de Urbanismo y recientemente nombrada diputada provincial, Purificación López, están «incumpliendo la sentencia» al permitir, por una parte, que la planta semisótano no se inutilice en su totalidad y que quede una altura libre de 1,70 metros para una posterior utilización. Y permiten, por otra parte, que la planta superior, destinada a una presunta caseta de aperos de labranza con una superficie de 50 metros cuadrados, tenga cinco ventanas y una chimenea. Para Torregrosa, «esto es un insulto a la inteligencia».

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada obligó en octubre de 2014 a inutilizar el sótano y dejar la parte superior como caseta de aperos de la edificación que levantó el ex alcalde popular. Iglesias defendió en su momento que había procedido bien respecto a la obra y que a otra persona en las mismas circunstancias no se le hubieran complicado tanto las cosas.

Iglesias consideraba que se trata de una resolución «equilibrada» al exigir que se inutilizara la parte inferior de la edificación que, según advirtió, «está inutilizada desde que se pararon las obras». Explicó que al tratarse de un terreno en pendiente hubo que hacer una cimentación, una plataforma, que está soterrada, «algo que se puede ver y que está así desde que se empezó la obra», aclara.

El propio Ayuntamiento de La Zubia, gobernado entonces por el PSOE, le obligó hace nueve años a paralizar el proyecto. Cuando se hizo pública la sentencia, Iglesias manifestó que su intención era continuar con la construcción según exigía la licencia y que serían los técnicos los que la verificarían en cuanto estuviese acabada. Poco después dimitió como alcalde.

Fue en octubre de 2014, poco después de hacerse pública la sentencia judicial. La actual diputada provincial Inmaculada Hernández le sustituyó en el cargo.

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