APZ denuncia la legalización del 'chalet' del ex alcalde popular

La edil de Urbanismo asegura que se ha aplicado la ley, que considera que el sótano no es legal y que por eso se ha inutilizado

inma sánchez la zubia 01 Jun 2016

José Torregrosa, portavoz de la Agrupación Popular de La Zubia (APZ), denuncia que el alcalde, Antonio Molina, ha legalizado una obra en el Parque Natural de Sierra Nevada que cuando era concejal calificó de "atentado", exigiendo que fuera demolida. El 'chalet' está situado en la Reserva Natural del Barranco de Corvales y causó la dimisión del anterior alcalde popular Antonio Iglesias, por ser el promotor de la misma.

Torregrosa no comprende que el actual regidor -de Ganemos, que gobierna en coalición con el PSOE-, y su junta de gobierno, concedan la licencia de obras y legalizado el proyecto, que cuando era concejal de la oposición calificó como uno de los mayores atentados al Parque Natural, pidiendo su demolición y la dimisión del promotor de la misma.

La primera teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Purificación López, asegura que lo único que se ha hecho es aplicar la ley. La sentencia dice que la nave de aperos es legal, aunque obliga a inhabilitar el sótano, que se considera inutilizado con una altura inferior a los 2 metros veinte. Argumenta la edil que el arquitecto municipal ha realizado un informe donde explica cómo debe rellenarse el sótano de forma que se cumpla la sentencia y se deje en 1 metro 70 centímetros. Insiste en que se convocó la junta de portavoces para hacer cumplir el fallo judicial "independientemente de quién fuera el propietario de la obra. Y que lo que se ha hecho es cumplir la sentencia con el informe técnico en la mano". López señala que no se ha modificado la sentencia y que como medida preventiva el arquitecto debe supervisar la obra, que se aprobó en junta de gobierno, que es el órgano donde se aprueban las licencias de obras.

Según denuncia el portavoz de APZ, la licencia de legalización se concede a propuesta del propietario, el ex alcalde de La Zubia, para dar cumplimiento a una sentencia judicial, y que tuvo que dimitir por esta obra. La sentencia declaraba ilegal la planta semisótano y exigía a su vez que esta planta debía de quedar inutilizada. Para el cumplimiento de este fallo judicial, la propia sentencia determinaba que el Ayuntamiento podía establecer los condicionantes adicionales que asegurasen la inutilización de la citada planta, así como que la estructura cumpla su destino de caseta de aperos.

Aspecto actual del 'chalet' del ex alcalde

Insulto a la inteligencia

Para APZ, con esta licencia de obras el alcalde de La Zubia, Antonio Molina, y La concejala de Urbanismo y recién nombrada diputada provincial, Purificación López, están "incumpliendo la sentencia judicial" al permitir, por una parte, que la planta semisótano no se inutilice en su totalidad y que quede una altura libre de 1,70 metros para una posterior utilización. Y permitiendo, por otra parte, que la planta superior, destinada a una presunta caseta de aperos de labranza con una superficie de 50 metros cuadrados, tenga cinco ventanas y una chimenea. Para Torregrosa “esto es un insulto a la inteligencia”.

La sentencia del juzgado Número 2 de lo Contencioso Administrativo de Granada obligó en octubre de 2014 a inutilizar el sótano y dejar la parte superior como caseta de aperos de la edificación que levantó el ex alcalde popular. Iglesias defendió en su momento que había procedido bien respecto a la obra y que a otra persona en las mismas circunstancias no se le hubieran complicado tanto las cosas. Iglesias consideraba que se trata de una resolución "equilibrada" al exigir que se inutilizara la parte inferior de la edificación que, según explica "está inutilizada desde que se pararon las obras". Explicó que al tratarse de un terreno en pendiente hubo que hacer una cimentación, una plataforma, que está soterrada, "algo que se puede ver y que está así desde que se empezó la obra".

El propio Ayuntamiento de La Zubia gobernado entonces por el PSOE le obligó hace nueve años a paralizar el proyecto. Cuando se hizo pública la sentencia Iglesias manifestó que su intención era continuar con la construcción según exigía la licencia y que serían los técnicos los que la verificaran en cuanto estuviese acabada porque "no pienso hacer más de lo que tengo autorizado", declaró. Poco después el alcalde dimitió. Fue en octubre de 2014, poco después de hacerse pública la sentencia judicial. Inmaculada Hernández le sustituyó en el cargo.

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